Confianza en la red

La validez legal del correo electrónico 24 junio, 2011

El correo electrónico se considera, en el marco de un litigio, como un «documento privado», por lo que se aplica el artículo 326 de la LEC (Ley de Enjuiciamiento Civil) que viene a decir que si la parte que se pueda ver perjudicada por su contenido no los impugna, los correos electrónicos «harán prueba plena en el proceso».

En cambio, si se impugna su autenticidad, deberá practicarse la prueba  que resulte pertinente para determinarla y, en función del resultado, el juez «valorará conforme a las reglas de la sana crítica» el correo en cuestión, salvo que quede acreditado que dicho correo era falso, en cuyo caso carecerá de valor probatorio alguno..

Un correo electrónico convencional puede ser simulado en su aspecto, por lo que no debería ser esta la forma de presentarlo en juicio. Si se incluyen las cabeceras (los símbolos «raros» que aparecen cuando se ve el «código fuente» de un correo electrónico) hay una información extra que podrá valorar un perito, pero que rara vez garantiza ni la procedencia (cuando lo aporta quien lo recibe) ni la recepción (cuando lo aporta el que lo envía).

Aun aceptando que se ha producido el envío y la recepción de un correo electrónico, cabe preguntarse si el ordenador desde el que se ha enviado o en el que se ha recibido es de uso privado o pueden acceder varias personas, , si estaba en el domicilio particular, en un entorno laboral o en un cibercafé, …

Por ello, quien quiera utilizar los correos electrónicos como prueba en un juicio debe tomar, por sí mismo, las medidas más oportunas para dotarlos de la mayor eficacia probatoria.

Empresas como EADTrust, con su servicio Noticeman certifican el contenido del mensaje, el momento exacto de su envío, la dirección electrónica del emisor y la dirección electrónica del receptor, y aseguran las evidencias electrónica mediante técnicas criptográficas como el «timestamping» de forma incuestionable para los expertos.

Actualización (julio de 2013): El e-mail certificado, una prueba irrefutable en una causa judicial

El periódico Expansión ha recogido la noticia que extractamos:

Las empresas de certificación electrónica generan actas de comunicación que demuestran la transmisión, el contenido íntegro y el acuse de recibo de todos los correos electrónicos que hayan validado. Este tipo de servicios estaba previsto en el artículo 162 de la Ley de Enjuciamiento Civil,pero recientemente se han visto avalados por un auto del Tribunal Supremo.

La resolución dictada por la sala primera del Tribunal Supremo ha confirmado la validez jurídica de una notificación realizada vía e-mail entre un procurador y un cliente moroso. La fuerza de este correo electrónico, y que provocó la decisión final del juez, es que éste había sido validado por un prestador de servicios de certificación electrónica.

Y es que, las notificaciones judiciales en forma de correo certificado o burofax no siempre llegan a su destinatario. Frente a un problema como éste, los e-mails certificados por este tipo de empresas especializadas pueden convertirse en la herramienta perfecta para realizar estas comunicaciones.

Más garantías

Compañías como Evicertia, Lleida.net o la European Agency of Digital Trust (EADTrust) llevan varios años ofreciendo estos servicios. Su funcionamiento es simple y aporta más garantías que la comunicación en papel, lo que refuerza el valor probatorio ante un tribunal.

Hasta ahora, la comunicación tradicional era la regla y las notificaciones electrónicas eran la excepción.  En la UE hay una propuesta de reglamento para 2014 que pretende desarrollar la confianza electrónica, liberalizar el mercado de las notificaciones electrónicas certificadas y apoyar este tipo de actos como comunicaciones fehacientes.  Además de que los correos electrónicos certificados refuerzan el valor probatorio de las comunicaciones, también sirven para reducir costes.

Artículo 162 de la LEC. Actos de comunicación por medios electrónicos, informáticos y similares.

1. Cuando las Oficinas judiciales y las partes o los destinatarios de los actos de comunicación dispusieren de medios electrónicos, telemáticos, infotelecomunicaciones o de otra clase semejante, que permitan el envío y la recepción de escritos y documentos, de forma tal que esté garantizada la autenticidad de la comunicación y de su contenido y quede constancia fehaciente de la remisión y recepción íntegras y del momento en que se hicieron, los actos de comunicación podrán efectuarse por aquellos medios, con el resguardo acreditativo de su recepción que proceda.

Las partes y los profesionales que intervengan en el proceso deberán comunicar a las Oficinas judiciales el hecho de disponer de los medios antes indicados y su dirección.

Asimismo se constituirá en el Ministerio de Justicia un Registro accesible electrónicamente de los medios indicados y las direcciones correspondientes a los organismos públicos.

En cualquier caso, cuando constando la correcta remisión del acto de comunicación por dichos medios técnicos, salvo los practicados a través de los servicios de notificaciones organizados por los colegios de procuradores, transcurrieran tres días, sin que el destinatario acceda a su contenido, se entenderá que la comunicación ha sido efectuada legalmente desplegando plenamente sus efectos.

Se exceptuarán aquellos supuestos en los que el destinatario justifique la falta de acceso al sistema de notificaciones durante ese periodo. Si la falta de acceso se debiera a causas técnicas y éstas persistiesen en el momento de ponerlas en conocimiento, el acto de comunicación se practicará mediante entrega de copia de la resolución. En cualquier caso, la notificación se entenderá válidamente recibida en el momento en que conste la posibilidad de acceso al sistema.

No obstante, caso de producirse el acceso transcurrido dicho plazo pero antes de efectuada la comunicación mediante entrega, se entenderá válidamente realizada la comunicación en la fecha que conste en el resguardo acreditativo de su recepción.

2. Cuando la autenticidad de resoluciones, documentos, dictámenes o informes presentados o transmitidos por los medios a que se refiere el apartado anterior sólo pudiera ser reconocida o verificada mediante su examen directo o por otros procedimientos, podrán, no obstante, ser presentados en soporte electrónico mediante imágenes digitalizadas de los mismos, en la forma prevista en los artículos 267 y 268 de esta Ley, si bien, en caso de que alguna de las partes, el tribunal en los procesos de familia, incapacidad o filiación, o el Ministerio Fiscal, así lo solicitasen, habrán de aportarse aquéllos en su soporte papel original, en el plazo o momento procesal que a tal efecto se señale.

[Este artículo está redactado conforme a la Ley 13/2009, de 3 de noviembre, de reforma de la legislación procesal para la implantación de la nueva Oficina judicial (BOE núm. 266, de 04-11-2009, pp. 92103-92313)